“Según lo dispuesto por el Gobierno del Perú, la encargada de negocios de los Estados Unidos Mexicanos realizó su control migratorio de salida y abandonó el país”, informó la Superintendencia Nacional de Migraciones en un comunicado oficial.

La decisión fue anunciada el pasado 3 de noviembre por el presidente de transición, José Jerí, quien dio a Ornelas un “plazo perentorio” para salir del territorio peruano, calificando la actuación de México como una violación del principio de no intervención.

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo De Zela, confirmó la ruptura diplomática con México al señalar las “reiteradas acciones inamistosas” tanto de la actual presidenta Claudia Sheinbaum como del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quienes en reiteradas oportunidades han opinado sobre la situación política interna del Perú y exigido la libertad de Castillo.

En respuesta, el Congreso peruano declaró persona non grata a la mandataria mexicana, acusándola de una “inaceptable injerencia en los asuntos internos”. México rechazó la decisión, calificándola de “infundada y motivada por planteamientos falsos”.

A pesar de la ruptura diplomática, De Zela aclaró que las relaciones consulares entre ambos países continuarán activas, para garantizar la atención a ciudadanos peruanos y mexicanos.

El gobierno peruano anunció además que llevará ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una propuesta para modificar la Convención de Caracas de 1954, alegando que el derecho de asilo se ha tergiversado al “calificar delitos comunes como persecución política”.

Mientras tanto, Betssy Chávez permanece en el país, a la espera del salvoconducto que le permita viajar a México, decisión que el Ejecutivo peruano aún evalúa.