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¿Se viene el juicio político?

La fiscalía presentó cargos contra Dina Boluarte y la presidenta quedó imputada por corrupción

El fiscal general de Perú, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de cohecho (soborno) relacionado con el "Rolexgate" y la presidenta quedó imputada. (Dibujo: NOVA)

El Ministerio Público informó en la red social X que la Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra Dina Boluarte, acusándola de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado. La denuncia se refiere a la supuesta recepción de tres relojes Rolex, un par de aretes de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes, como donaciones del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

La denuncia entregada al Congreso es un paso preliminar hacia un posible antejuicio político, que deberá ser evaluado por una subcomisión de acusaciones constitucionales antes de ser debatida por el pleno. Este proceso no tiene un plazo determinado. Según la Constitución, Boluarte solo puede ser llevada a juicio al final de su mandato en julio de 2026.

El jefe de gabinete, Gustavo Adrianzén, denunció una "persecución sistemática" contra la presidenta, afectando su trabajo en beneficio del país. Por su parte, Boluarte ha defendido su inocencia, admitiendo que fue un error aceptar los relojes como préstamo de su amigo Wilfredo Oscorima. En una declaración a la fiscalía, insistió en que entró y saldrá de Palacio de Gobierno con las manos limpias.

Boluarte ya había sido denunciada por la fiscalía en noviembre pasado por el presunto delito de homicidio en relación con la represión a las protestas que dejaron más de 50 muertos tras su ascenso al poder en diciembre de 2022. La mandataria, cuya desaprobación según Ipsos alcanza el 88%, carece de bancada propia y depende del apoyo de fuerzas conservadoras para finalizar su mandato.

El escándalo de "Rolexgate" ha sido una carga adicional para un gobierno ya debilitado e impopular. La presidenta aseguró en abril que mantendría su posición hasta el final de su mandato, enfatizando la legitimidad de su administración elegida por el pueblo. El caso de los relojes de lujo, junto con otros problemas de corrupción en la política peruana, refleja una continua crisis de confianza en las instituciones del país.

En abril, el gobierno disolvió la unidad policial que apoyaba al equipo de fiscales anticorrupción que allanó la vivienda de Boluarte y su despacho presidencial en busca de las joyas, lo que ha sido interpretado por algunos como un intento de obstrucción a las investigaciones.

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