Luego de que el encuentro saliera a la luz y de que Jerí ofreciera disculpas públicas, el Ejecutivo avanzó con rapidez en la publicación de cuatro decretos legislativos en El Peruano, en una agenda que desplazó el debate hacia seguridad y orden interno.

El Decreto Legislativo 1695 endurece la persecución de la minería ilegal. Amplía el delito no solo a quienes realizan exploración o explotación sin autorización, sino también a quienes obtienen beneficios de esa actividad.

Además, eleva las penas por tráfico de insumos y maquinaria de 3 a 6 años a un rango de 6 a 9 años de prisión.

También tipifica el tráfico de recursos minerales ilegales con penas de entre 6 y 9 años y de 100 a 600 días-multa. La norma elimina, además, el beneficio que permitía al fiscal abstenerse de investigar si el implicado suspendía actividades y lo informaba a la OEFA.

Con el Decreto Legislativo 1696, Jerí reforzó las sanciones por resistencia o desobediencia a la autoridad, elevando las penas de 3 a 6 años a entre 5 y 8 años de cárcel, e impidiendo la suspensión de la ejecución de la pena en casos agravados, especialmente cuando las víctimas son autoridades o fuerzas del orden.

El Decreto Legislativo 1697 incorpora el delito de tenencia ilegal compartida de armas de fuego, bajo el argumento de que dos o más personas pueden ejercer dominio simultáneo sobre un arma, aun sin posesión exclusiva.

Finalmente, el Decreto Legislativo 1698 autoriza a la Policía a revisar de inmediato celulares y equipos informáticos de detenidos en flagrancia por extorsión, sicariato o secuestro, así como los hallados en requisas penitenciarias, con control judicial posterior conforme a la norma.