Desde la SBS aclararon que esta decisión no implica necesariamente la disolución de la entidad, sino que busca ordenar su situación y proteger los intereses de los socios mientras se evalúan alternativas de recuperación o reestructuración.

Como parte del proceso, se designaron administradores temporales que tendrán a su cargo la determinación del patrimonio real de la cooperativa, la organización de una Asamblea General bajo condiciones específicas y la implementación de las disposiciones establecidas por el organismo regulador.

Durante el período de intervención, la cooperativa enfrentará una serie de restricciones: no podrán iniciarse procesos judiciales o administrativos en su contra para el cobro de deudas, tampoco ejecutar resoluciones previas, constituir garantías sobre sus bienes ni realizar pagos o asumir nuevas obligaciones con fondos propios o administrados por terceros.

La intervención se enmarca en el régimen especial que regula a las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público, un sector que en los últimos años ha sido objeto de mayor control por parte de las autoridades ante reiterados problemas de solvencia.

El futuro de la entidad dependerá ahora de los resultados de la evaluación financiera y de las decisiones que se adopten en esta etapa, clave para definir si logra reencauzar su actividad o avanza hacia un proceso más profundo.