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Grupos de manifestantes de distintas provincias del sur de Perú se movilizan hacia la capital del país para realizar la “segunda toma de Lima”, como parte de las protestas masivas contra el régimen de la presidenta designada por el Congreso, Dina Boluarte.
Las movilizaciones parten principalmente desde Puno, región que se ha mantenido en resistencia contra la Administración de la cuestionada mandataria desde que asumió el poder el 7 de diciembre de 2022 tras la destitución que efectuó el Parlamento contra el presidente Pedro Castillo, encarcelado desde entonces.
Según medios locales, pobladores de regiones como El Collao, Chucuito, Yunguyo, entre otras, comenzaron a viajar en autobuses hacia Lima desde el lunes, para preparar las manifestaciones previstas para este miércoles 1 de marzo.
Desde Puno, donde se mantienen fuertes bloqueos de carreteras y manifestaciones, se integrarán al menos habitantes de 13 localidades dirigidas por movimientos indígenas, campesinos y liderazgos sociales que rechazan el gobierno de Boluarte y la llamada “dictadura” del Congreso, y exigen elecciones generales y una Asamblea Constituyente para reformar al Estado y la Constitución.
Además, la provincia de Puno, que se ha mantenido en protesta desde la destitución de Pedro Castillo, ha sido la región más castigada por la represión policial y militar del gobierno de Boluarte, al contabilizar al menos 20 personas fallecidas en medio de las manifestaciones sociales, por las que también demandan justicia.
La convocatoria de los manifestantes peruanos se hace a poco más de un mes de la primera “Toma de Lima”, que comenzó el 19 de enero pasado, se extendió rápidamente y por varios días hacia distintas regiones del país y causó fuertes críticas ante las denuncias de la represión policial.
Masacre de Puno
En esa misma provincia, el pasado 9 de enero, la represión armada de la fuerza pública dejó un saldo de al menos 17 fallecidos en la localidad de Juliaca, crímenes que han sido calificados como una masacre.
Sobre estos hechos, el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público detalló que en nueve de las víctimas se encontraron proyectiles de alto calibre de arma de fuego, con disparos en zonas mortales como cabeza, estómago y tórax.
Además, la Fiscalía de Perú inició una investigación preliminar contra Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola y el ex jefe del gabinete anterior Pedro Ángulo; el entonces ministro del Interior Víctor Rojas y su antecesor César Cervantes; y el ministro de Defensa, Jorge Chávez, por “presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”, cometidos durante las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
