El país cerró 2025 como uno de los territorios más peligrosos para ejercer el periodismo
El 2025 fue el año más letal para el ejercicio del periodismo en el Perú, con 458 ataques registrados contra periodistas y medios de comunicación y cuatro asesinatos, según el informe anual de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Los datos exponen un escenario alarmante donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo, no solo por la violencia criminal, sino también por el accionar del propio Estado.
El caso más reciente es el del periodista Mitzar Castillejos, quien murió el 26 de diciembre en Lima tras haber sido baleado dos semanas antes en Aguaytía, región de Ucayali, cuando se dirigía a conducir su programa radial. Con su muerte, ya son cuatro los periodistas asesinados en 2025, junto a Gastón Medina en Ica, Raúl Celis en Iquitos y Fernando Núñez en Pacasmayo, en distintos puntos del país.
📣2025 fue el año más letal para el periodismo en el Perú. La ANP registró 458 ataques a la prensa: un promedio de 38 agresiones al mes y 4 periodistas asesinados por informar.
— Ariadna Yaya Añazco (@Chica_de_prensa) January 2, 2026
La presidenta de la ANP, Zuliana Lainez, fue contundente al describir el cuadro general. “Cuatro periodistas asesinados. 458 ataques a la prensa. El objetivo es callarnos, silenciar las voces críticas y amordazar a quienes investigan, ya sea por las leyes o por las balas”, sostuvo en el documento. La entidad advirtió que estos crímenes colocan a Perú como el segundo país con mayor violencia letal contra periodistas, solo por detrás de México y por encima de naciones con históricos conflictos armados o crisis de seguridad.
El informe no se limita a los ataques físicos. Detalla 127 amenazas y hostigamientos, 114 agresiones físicas y verbales, 79 discursos estigmatizantes, 50 trabas a la cobertura periodística y 46 casos de intimidación judicial. A eso se suman amenazas legislativas, restricciones al acceso a la información, presiones administrativas, detenciones y ciberataques, conformando un entramado sistemático de persecución.
Uno de los datos más graves es la identificación de los agresores. Según el relevamiento de la Oficina de Derechos Humanos del Periodista, los principales responsables son funcionarios del Estado, con 217 casos atribuidos a autoridades, seguidos por agentes de seguridad como policías y militares. El asesor legal de la ANP, Miguel Jugo, afirmó que el Ejecutivo y el Congreso encabezan la lista de instituciones agresoras, especialmente contra periodistas que investigan corrupción, abusos de poder y violaciones a derechos.
En términos territoriales, los ataques se registraron en 65 provincias, con Lima como epicentro, acumulando más de la mitad de los casos. La prensa digital fue la más afectada, seguida por la televisiva, escrita y radial. El patrón es claro: cuanto más se investiga, mayor es el castigo.
El informe deja una conclusión difícil de ignorar. En Perú, el periodismo no solo enfrenta el crimen, sino también un aparato estatal que estigmatiza, bloquea y persigue. Lejos de garantizar la libertad de expresión, el gobierno aparece señalado como parte central del problema, en un contexto donde informar puede costar la vida.
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