Sin embargo, esta maniobra huele a encubrimiento, un guiño claro a un gobierno que ha perdido toda legitimidad frente a un pueblo harto de abusos.

La magistrada insiste en que el TC limitó las pesquisas “por el bien de la gobernabilidad”, apelando a una legislación comparada que nadie pidió ni entiende.

¿Gobernabilidad para quién? ¿Para una presidenta señalada por enriquecimiento ilícito con relojes de lujo y cuya gestión ha sido un desastre en seguridad y economía?

Pacheco desliza que “cuando hay indicios suficientes de deshonestidad, no puede haber impunidad”, pero su fallo contradice esas palabras: el artículo 117 de la Constitución, que ella misma cita, blinda a Boluarte mientras esté en el cargo, dejando al Congreso la tarea de levantar esa inmunidad solo después de 2026.

¿Qué confianza puede tener el pueblo en un sistema que protege a los corruptos hasta que sea demasiado tarde?

Peor aún, Pacheco carga la responsabilidad en los ciudadanos, sugiriendo que “hay que pensar a quién le damos el voto”.

Este comentario es un insulto a la inteligencia colectiva, como si la culpa fuera del electorado y no de un TC que se pliega a los intereses del poder.

Su llamado a usar “mecanismos democráticos” para cesar a quienes no actúan con dignidad suena vacío cuando el Congreso, dominado por aliados de Boluarte, ha mostrado su incapacidad o unwillingness para actuar.

La mención de una “oposición razonable” frente a una “recalcitrante” parece un intento de deslegitimar a quienes exigen justicia, mientras el TC se lava las manos.

Este TC, con Pacheco a la cabeza, protege a una presidenta impopular y cuestionada, mientras el Ministerio Público queda atado de manos.

La promesa de investigar a “presuntos cómplices” suena a distracción barata.

El pueblo peruano merece un gobierno y un tribunal que luchen contra la corrupción, no que la perpetúen con tecnicismos legales.

Este fallo no es justicia; es un escándalo más en una democracia herida.