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Denuncia por delitos de lesa humanidad

El Gobierno enviará una comisión para que defienda a Dina Boluarte en La Haya

La presidenta del Perú, Dina Boluarte, fue denunciada por delitos de lesa humanidad.

El jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, anunció este miércoles que el Gobierno peruano enviará una comisión de alto nivel a La Haya para defender su posición ante la Corte Penal Internacional (CPI). Esta acción es en respuesta a la denuncia presentada por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) contra la presidenta Dina Boluarte.

La acusación por crímenes de lesa humanidad e intento de asesinato tiene sus raíces en los periodos más críticos de las protestas antigubernamentales, que ocurrieron entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023. La denuncia está respaldada por las investigaciones de la Fiscalía de la Nación y por informes de organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Adrianzén explicó que, para que los crímenes de lesa humanidad sean considerados como tales, deben formar parte de un "ataque generalizado o sistemático contra una población civil", una condición que, según él, no se ha cumplido en los eventos en cuestión.

“El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del cual Perú es parte, tiene jurisdicción sobre crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión. Esta denuncia sostiene que la presidenta habría cometido crímenes de lesa humanidad, una acusación que examina hechos como asesinato, exterminio, encarcelamiento, tortura, violación sexual y otros graves delitos”, detalló Adrianzén.

El jefe de Gabinete enfatizó que, en su opinión, la condición de ataque generalizado y sistemático no se ha presentado, lo que descarta la posibilidad de que esta denuncia sea acogida por la CPI. Además, señaló que la denuncia no cumple con "un requisito básico de admisibilidad", ya que cualquier acusación que esté bajo investigación o enjuiciamiento por órganos del Estado con jurisdicción no puede ser viable según el tratado internacional.

Gloria Cano, abogada de APRODEH, comentó que existen omisiones y obstáculos en la investigación, sugiriendo la existencia de una política de Estado para impedir la investigación del Ministerio Público. “No tenemos ninguna garantía de que dejarán investigar al Ministerio Público y que respeten su fuero, que respeten sus investigaciones; y, por el contrario, traten de intervenir y de dirigir cualquier tipo de investigación. Por ello, se tomó la decisión de solicitarle al fiscal de la Corte Penal Internacional una intervención”, explicó Cano.

Cano advirtió que el proceso podría llevar a una orden de captura internacional contra Boluarte. “Esperemos que el tiempo que se demore la CPI sea menos de un año, para que pueda evaluar. Sabemos la carga laboral que tienen, así como el foco personal que tiene la Fiscalía. Lo importante es que ya está el caso en conocimiento de esta institución y que con los elementos que se han alcanzado, más lo que podríamos ir alcanzando en el tiempo”, afirmó.

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