Uno de los casos más escandalosos es el de abandono del cargo presidencial, que se originó tras las declaraciones del ex primer ministro Alberto Otárola. Según Otárola, Boluarte se ausentó durante varios días en junio del 2023 debido a una rinoplastia, sin informar oficialmente sobre su incapacidad temporal. Este hecho no solo pone en duda su compromiso con las responsabilidades presidenciales, sino que también deja en evidencia una falta de transparencia alarmante.

Otro episodio que empaña su gestión es el conocido como Rolexgate, que investiga un presunto enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo impropio. Las acusaciones incluyen la no declaración de relojes y joyas de alto valor, además de un sospechoso desbalance en sus cuentas bancarias entre julio del 2021 y agosto del 2022.

En paralelo, el caso Cofre plantea serios cuestionamientos sobre el uso del vehículo presidencial en la presunta fuga de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. Testimonios señalan que Boluarte habría utilizado este vehículo para transportar a un familiar al condominio donde la policía buscaba a Cerrón, lo que podría implicar un intento deliberado de encubrimiento.

Las investigaciones se extienden a reuniones secretas con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, que según el exasesor del Ministerio Público Jaime Villanueva, habrían ocurrido entre cuatro y cinco veces para supuestos intercambios de beneficios. Este caso, además de empañar la separación de poderes, arroja serias dudas sobre la imparcialidad del sistema judicial peruano.

Asimismo, la polémica desactivación del equipo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP), encargado de apoyar investigaciones contra la corrupción, se suma a la lista de acusaciones. Boluarte y el ministro del Interior Juan José Santiváñez enfrentan denuncias de encubrimiento y abuso de autoridad, en una medida que ha sido interpretada como un intento de entorpecer las pesquisas en curso.

En el marco del caso Los Dinámicos del Centro, Boluarte también es investigada por su presunta participación en la contabilidad de las cuentas del partido Perú Libre durante la campaña del 2021. Las autoridades indagan el origen de los fondos, que podrían estar vinculados a actividades ilícitas.

Finalmente, las investigaciones más graves se relacionan con las muertes ocurridas durante las protestas sociales. Estas incluyen cargos por homicidio calificado, lesiones graves y leves, vinculados a la muerte de 49 personas y 116 heridos. Los hechos revelan una gestión que no solo ha fallado en garantizar la paz social, sino que ha permitido el uso desproporcionado de la fuerza contra los ciudadanos.

Dina Boluarte enfrenta un descrédito profundo y generalizado, tanto a nivel nacional como internacional. Sus múltiples frentes judiciales y el descontento social que no cesa exponen una crisis institucional sin precedentes en la historia reciente del país.