Confirman condena contra el exfiscal Jorge Sanz Quiroz y elevan su pena a seis años de prisión
El Poder Judicial confirmó en segunda instancia la condena contra el exfiscal Jorge Sanz Quiroz y elevó su pena a seis años de prisión efectiva, tras hallarlo responsable del delito de cohecho pasivo específico. La decisión ratifica el fallo emitido en 2024 y se produjo luego de que el sentenciado apelara buscando su absolución o, en su defecto, una reducción de la pena.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público del Perú, durante su desempeño como fiscal provincial penal en Lima, Sanz habría recibido 8.000 dólares para intervenir en el archivamiento de una investigación vinculada al abogado Rodolfo Orellana Rengifo, procesado por lavado de activos y señalado como presunto cabecilla de la denominada Red Orellana.
El Ministerio Público sostuvo que el pago fue canalizado a través de un intermediario, modalidad que fue sustentada con elementos probatorios expuestos en audiencia por el fiscal superior Juan Manuel Fernández Castillo. Entre las pruebas presentadas se incluyeron detalles sobre la entrega del dinero y la presunta intervención funcional del entonces magistrado para favorecer el cierre del caso.
La apelación fue revisada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que no solo confirmó la responsabilidad penal sino que también dispuso el incremento de la sanción. De este modo, quedó ratificado lo actuado previamente por la Corte Superior de Justicia de Lima, que había dictado la sentencia tras el juicio oral.
Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ordenó el pago de una reparación civil de 70.000 soles a favor del Estado, monto fijado en función del daño ocasionado a la administración pública y a la confianza en el sistema de justicia.
Tras conocerse la resolución, el Ministerio Público destacó que la confirmación de la condena representa un avance en la persecución de delitos de corrupción cometidos por funcionarios. Según la institución, este tipo de decisiones busca reforzar la rendición de cuentas y contribuir al fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
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