Analistas advierten que permitir otro retiro parcial compromete la estabilidad del sistema previsional y puede dejar a los jubilados futuros sin protección económica. La medida, considerada por críticos como un “sacrificio de los ahorros de los ciudadanos”, refleja la falta de planificación del Ejecutivo y la dependencia de soluciones cortoplacistas frente a la crisis inflacionaria.

El Gobierno de Boluarte ha sido señalado por reaccionar a la presión social sin presentar un plan estructural serio para fortalecer la economía. Mientras el Ejecutivo vende la medida como ayuda social, opositores y economistas la califican de irresponsable y peligrosa, ya que podría erosionar la confianza en el sistema financiero y generar un efecto dominó negativo sobre la inversión privada.

La oposición y expertos han denunciado la medida como un acto de “saqueo institucional”, que demuestra la falta de liderazgo y visión de la presidenta. La decisión ha generado indignación entre los afiliados de las AFP, que ven cómo sus ahorros, fruto de años de trabajo, se ven expuestos a decisiones arbitrarias de un gobierno que prioriza la popularidad por encima de la seguridad financiera.

En medio de la polémica, Boluarte insiste en justificar la medida como un acto de sensibilidad social, pero la ciudadanía y especialistas ven con alarma la estrategia del Ejecutivo.

Esta política no solo no resuelve los problemas de fondo, sino que deja a los peruanos a merced de decisiones que podrían poner en riesgo su futuro económico, mostrando un gobierno débil, improvisado y peligroso.