Desde el inicio, Boluarte ha evitado rendir cuentas: en la primera citación simplemente no asistió, en la segunda acudió pero se mantuvo en silencio, y en las dos últimas, incluyendo la del 5 de marzo, volvió a ausentarse con excusas legales que solo buscan dilatar el proceso.

Su abogado, Juan Carlos Portugal, confirmó que la mandataria no se presentaría a declarar, argumentando que esperará la resolución de una apelación ante la Corte Suprema antes de emitir cualquier testimonio. En otras palabras, Boluarte sigue evadiendo su responsabilidad con maniobras legales mientras el escándalo crece.

La Fiscalía, bajo la dirección de Delia Espinoza, investiga el uso indebido de un vehículo presidencial, conocido como El Cofre, en la fuga de Cerrón, quien fue condenado por corrupción cuando era gobernador de Junín.

Este escándalo estalló en marzo de 2024, cuando el programa Punto Final de Latina TV reveló una fotografía del vehículo estacionado en un condominio en un balneario cercano a Lima, justo el 24 de febrero, fecha en la que se realizaba un operativo para capturar al prófugo.

Mientras la justicia avanza a paso lento, Boluarte sigue actuando con total impunidad, sin dar respuestas claras y apostando a la estrategia del desgaste para que el escándalo pierda fuerza.

Su falta de transparencia y su desprecio por las instituciones solo confirman lo que muchos sospechan: su gobierno está más interesado en proteger a los suyos que en rendir cuentas a los peruanos.