El incremento, que eleva el salario mínimo a 1,130 soles, fue decidido unilateralmente por el Ejecutivo tras la falta de consenso en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT). A pesar de que Boluarte afirmó que el ajuste se basó en un "análisis técnico profesional", expertos han señalado que no se han presentado estudios detallados que respalden este monto como una respuesta adecuada al costo de vida actual.

Adicionalmente, el Instituto Peruano de Economía (IPE) reveló que en los últimos 24 años, 12 de los 14 aumentos de salario mínimo coincidieron con períodos electorales o momentos de baja aprobación presidencial, lo que sugiere una tendencia de utilizar estas decisiones como herramientas políticas.

El contexto económico del país agrava las dudas sobre la eficacia de esta medida. Con niveles de pobreza que afectan a más del 30 por ciento de la población y una recuperación económica aún frágil, el aumento del salario mínimo no parece suficiente para mejorar significativamente el poder adquisitivo de los trabajadores, mucho menos para enfrentar la creciente informalidad laboral.

Mientras tanto, la decisión de Boluarte deja sin resolver las preocupaciones estructurales del mercado laboral peruano, como la falta de políticas integrales para fomentar empleo formal y el acceso limitado a seguridad social. Si bien la presidenta busca proyectar una imagen de responsabilidad, las críticas apuntan a que la medida podría tener más impacto simbólico que práctico para los peruanos que enfrentan dificultades económicas.

La implementación diferida del incremento y las acusaciones de oportunismo político ponen en entredicho las verdaderas motivaciones detrás de este anuncio, dejando a millones de trabajadores con pocas expectativas de un cambio real en el corto plazo.