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Decisión interna

ANC del Poder Judicial rechaza destitución de Enma Benavides y dispone cuatro meses de suspensión

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial dejó sin efecto la propuesta inicial de destitución contra la magistrada Enma Benavides y optó por una sanción menor por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas de bienes y rentas.

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) rechazó la propuesta de destitución contra la jueza superior titular Enma Benavides, hermana de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, y dispuso en su lugar una suspensión de cuatro meses por faltas consideradas muy graves.

Inicialmente, la Unidad de Sanción y Apelación de la ANC planteó la destitución de la magistrada por presuntamente haber consignado información inexacta en sus declaraciones juradas de bienes y rentas. Sin embargo, en octubre de 2025, el jefe nacional de la ANC-PJ, Roberto Palacios Bran, desaprobó esa propuesta y ordenó la emisión de un nuevo pronunciamiento.

En cumplimiento de esa disposición, el 23 de febrero de este año el juez contralor Anibal Paredes resolvió imponer una suspensión de cuatro meses. La sanción se ejecutará una vez que sea confirmada por la Oficina Central del Procedimiento Administrativo Disciplinario.

El caso disciplinario

El proceso no está vinculado a los fallos emitidos por la jueza en casos de narcotráfico —materia de una investigación fiscal independiente— ni a hechos relacionados con su hermana. La investigación administrativa se centra exclusivamente en presuntas inconsistencias en sus declaraciones juradas entre 2015 y 2023.

De acuerdo con la resolución, Benavides habría consignado valores que no corresponderían al precio real de adquisición de dos inmuebles y omitido declarar dos estacionamientos.

En el caso de una vivienda en La Molina, la magistrada declaró entre 2015 y 2023 montos que oscilaron entre 355 mil y 680 mil soles, cuando el valor de compra superó los 465 mil dólares. Situación similar se habría producido con un inmueble en Surco adquirido por 100 mil dólares, pero declarado posteriormente por montos menores en soles.

La Unidad de Sanción y Apelación concluyó que la consignación reiterada de valores distintos al precio de adquisición vulnera el deber de probidad y conducta intachable exigido a la magistratura. La defensa alegó que los montos consignados correspondían al autovalúo de los bienes, argumento que no fue aceptado.

Asimismo, la resolución señala que la jueza no declaró la adquisición de dos estacionamientos en Cañete por 10 mil dólares, pese a que cuentan con partida registral independiente.

Sanción proporcional

Aunque la Unidad determinó que se configuraron faltas muy graves, optó por imponer la suspensión mínima prevista —cuatro meses— considerando que el jefe de la ANC ya había descartado la destitución, que la magistrada no registra antecedentes disciplinarios y que no se identificaron agravantes.

El fallo concluye que la medida adoptada resulta “adecuada, necesaria y proporcional” dentro del marco del procedimiento administrativo disciplinario.

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