Estado de emergencia: el nuevo año comienza con duras restricciones a la circulación
A raíz del conflicto político-social que vive el país y que ha derivado a diversas protestas en diferentes regiones del territorio nacional, el Gobierno, mediante un decreto supremo, estableció declarar el estado de emergencia en todo el país para frenar los actos de violencia, recuperar el orden interno y dar continuidad a las actividades económicas.
Sin embargo, ante la aplicación de esta medida han surgido muchas interrogantes en la población, la cual se pregunta si podrá continuar con normalidad sus actividades durante esta época de fiestas, especialmente en el Año Nuevo 2023, donde se suele viajar a diferentes puntos del país, concurrir a masivas fiestas o reunirse con sus familiares.
Tenemos entendido que hay estado de emergencia. Estos señores están contraviniendo el estado de emergencia!Pq la fiscalía de prevención del delito no actuó?
— Javier Iván Arenas (@ivancio4) December 30, 2022
Dónde está el @MinjusDH_Peru y el ministro Tello, abogado del Estado?
PCM Otárola debe quedarse y no ir a Brasil! pic.twitter.com/UF1WoXHUK6
Este decreto supremo que fue publicado en el diario El Peruano entró en vigencia el jueves 15 de diciembre. El periodo de tiempo establecido es de 30 días, por lo que duraría hasta el 13 de enero del 2023. Esto podría variar si es que se emite otro decreto que lo suspenda o lo extienda.
En ese sentido, muchos ciudadanos se preguntarán: ¿qué implica un estado de emergencia?, ¿en qué consiste esta medida?, ¿por qué se declara y qué derechos individuales quedan suspendidos mientras esté en vigencia? Aquí te explicamos.
Durante el estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24) literal f) del artículo del Constitución Política del Perú. Tal como refiere la normativa, estos incluyen los siguientes:
-Inviolabilidad de domicilio
-Libertad de tránsito por el territorio nacional
-Libertad de reunión
-Libertad y seguridad personales
Adicionalmente, dispone la intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas según el Decreto Legislativo número 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de estas instituciones, y el Decreto Legislativo número 1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las mismas.