La titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, denunció constitucionalmente a Castillo ante el Congreso peruano por su supuesta implicación en un caso de corrupción.

Según la Fiscalía, Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para favorecer a ciertas compañías en procesos de licitación pública.

La Fiscalía sostiene que el ex ministro de Transporte Juan Silva, así como funcionarios del Ministerio de Transportes, del Despacho Presidencial, empresarios y terceros, son cómplices de Castillo en esta supuesta trama corrupta.

Tras esta acusación, Castillo afirmó esta semana que está sufriendo una persecución política de la oposición de derecha, a la vez que denunció una "nueva modalidad de golpe de Estado".

"Tenemos a una Fiscalía política en el Perú, que lejos de juzgar a los verdaderos criminales, está haciéndolo con el Gobierno que ha sido elegido legítimamente por el pueblo", indicó el mandatario de izquierda en una rueda de prensa. "En el país se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado", agregó.

Además, solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) activar dos artículos de la Carta Democrática Interamericana en busca de "un camino que impida una grave alteración del orden democrático en el Perú".

El organismo panamericano con sede en Washington, Estados Unidos, expresó su apoyo a Castillo y decidió el envío de un grupo de alto nivel al país con el fin de que evalúe la situación y luego informe de ello al Consejo.

El Presidente, un exmaestro de 53 años, está sometido a seis investigaciones fiscales por presunta corrupción, de la que también se acusa a su círculo familiar y político más cercano.