Un estudio de Proética, una ONG dedicada a promover la ética y la lucha contra la corrupción reveló que en 2022 el 81 por ciento de los peruanos percibía un aumento en la corrupción durante los últimos cinco años. Además, el 86 por ciento señalaba que este flagelo afectaba su vida cotidiana. Mónica Muñoz-Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), enfatizó que la corrupción no solo obstaculiza el crecimiento económico, sino que también profundiza la pobreza y la desigualdad.

La corrupción, una lacra que carcome los cimientos del país, se manifiesta a través de una serie de delitos contemplados en el Código Penal, como el cohecho, la colusión, el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias. Para el ciudadano común, estos actos se traducen en sobornos y prebendas para los funcionarios públicos.

José Ugaz, exprocurador anticorrupción, ha advertido sobre el deterioro continuo de la situación, especialmente durante los últimos años. La impunidad parece ser moneda corriente, con escándalos de corrupción surgiendo con una frecuencia alarmante, mientras una parte de la ciudadanía observa con desánimo.

Los presidentes del país tampoco han escapado a las acusaciones. Desde Alejandro Toledo hasta Pedro Castillo, casi todos han sido vinculados con presuntos actos de corrupción, destacando el caso de Toledo en prisión preventiva por supuestos sobornos de Odebrecht, y las investigaciones en curso contra otros exmandatarios.

Rubén Cáceres Zapata, autor del libro "Corrupción Perú: La Cleptoestructura del Estado Disfuncional", ha propuesto la idea de una segunda república como respuesta a la corrupción rampante que ha dejado al Estado en una situación crítica. Esta segunda república debería basarse en una agenda común, una economía orientada al bienestar y la solidaridad entre los ciudadanos.

Las pérdidas millonarias ocasionadas por la corrupción en 2023 podrían haber aliviado la situación de toda la población en condición de pobreza durante dos años, según estimaciones de la Contraloría. Por su parte, la Superintendencia del Mercado de Valores reveló que el dinero perdido por la corrupción podría haber financiado la construcción de centros de salud y hospitales, resaltando el impacto directo de estos actos en la calidad de vida de los peruanos.