El encargado de entregar las pruebas que pondrían en jaque al ex titular de la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo sería Publio Román, gerente central de Gestión Financiera de EsSalud. Esta persona le proporcionó la información a la Fiscalía que investiga a Adrianzén por el presunto delito de negociación incompatible. Sin embargo, no es el único.

Arturo Orellana, presidente ejecutivo de EsSalud, y la ex asesora presidencial Grika Asayag O'Besso, también están involucrados en las indagaciones del Ministerio Público. Precisamente, Orellana es la persona que habría coordinado el pago con el exministro de Trabajo.

“¿Cuándo se va pagar el tema del laudo arbitral de Aionia?”, dijo Orellana a Román. Él contestó: “Ese pago está programado para el viernes (10 de febrero) estoy dentro del plazo”.

“Eso que me estás diciendo dímelo por WhatsApp, para reenviarlo al ministro, que me está pidiendo esa información. Cuando realices el pago, me avisas”, señaló el titular de EsSalud a su subordinado.

“Presidente [de Essalud], le informo que para este viernes se ha programado el pago del laudo arbitral a favor de la empresa Aionia. Saludos”, le dijo Román, quien después recibe una llamada de Orellana dos días después.

En la comunicación, el titular de EsSalud le llama para indicarle que la presidenta Boluarte se enteró de este pago de 41 millones de soles. “La presidenta de la República me ha llamado, del porqué he hecho el pago a Aionia, parece que el ministro de Trabajo está involucrado”, sostuvo.

Adicionalmente, el Ministerio Público indaga una supuesta reunión que Grika Asayag habría sostenido con Orellana, el empresario Carlos Valdivia (dueño de Aionia) y el abogado Manuel del Castillo en el restaurante Delibakery, de San Isidro.

De hecho, fiscales acudieron a este lugar para tener más pruebas como boletas y videos de las personas que se habían reunido en ese local para pactar comisiones por el pago de Aionia.

Sin embargo, la sorpresa fue grande cuando no había boletas y facturas a nombre de ninguno de los presuntos participantes,ni registro de video en el que aparecían los cuatro.

No es la única investigación que el exministro Adrianzén alberga en el Ministerio Público. El último 14 de febrero, la Fiscalía abrió una carpeta en contra del funcionario por su supuesta autoría del delito de colusión agravada

Este procedimiento también incluye al premier Alberto Otárola, a quien se le atribuye el rol de “instigador”, debido a la contratación de su ex cuñada (Carola Gisella Rodríguez Bringas) al interior de la cartera liderada por Adrianzén.

La mujer también figura como presunta cómplice del mencionado delito. De acuerdo con el citado semanario periodístico, esta fue contratada el pasado 21 de enero como asesora II del Despacho Ministerial.

En su momento, Adrianzén rechazó recibir alguna “indicación o recomendación” del jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para la citada designación.