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Le sueltan la mano

Chávarry: cada vez más congresistas exigen el desafuero inmediato del exfiscal de la Nación

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debatirá el martes 4 de marzo la denuncia presentada por el Frente Amplio contra Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos. (Dibujo: NOVA).

Desde el Congreso de la República, crecen las voces que exigen el desafuero del extitular del Ministerio Público, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, para posteriormente destituirlo de su actual cargo como fiscal supremo por sus presuntos nexos con una red de corrupción.

La podredumbre involucra al Ministerio Público, al Poder Judicial y a varias fuerzas políticas de envergadura nacional como Fuerza Popular y el Apra. Sobre Chávarry pesa una serie de denuncias constitucionales en el Congreso, la última de ellas fue entregada esta semana por el Frente Amplio (FA).

"Nuestra bancada está decidida a seguir peleando contra la corrupción. Es necesario que se destituya a Chávarry, solo así se va a poder garantizar una correcta investigación", señaló el vocero del FA, Humberto Morales.

Por su parte, el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura (Fuerza Popular), anunció que el próximo martes se realizará una sesión extraordinaria para debatir si se admite esta denuncia. Además, se nombrará al delegado que verá las otras cuatro denuncias contra Chávarry.

Del lado de Alianza Para el Progreso (APP), César Vásquez, garantizó que su bancada apoyará la solicitud presentada por el Frente Amplio. "Con esto, el Congreso tiene la gran oportunidad de lavarse la cara. En especial Fuerza Popular y el Apra que han blindado a Chávarry todo este tiempo", remarcó.

En la misma línea, se pronunciaron Yonhy Lescano de Acción Popular y el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, quienes también expresaron la voluntad de sus bancadas de apoyar la destitución del exfiscal de la Nación.

Finalmente, cabe precisar que si las denuncias constitucionales contra Pedro Chávarry avanzan, este perdería su inmunidad constitucional. podría ser destituido y suspendido de ejercer un cargo público por diez años. 

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