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En 13 meses

Detalles de la ardua investigación del fiscal Pérez para conseguir testigos y evidencias clave

El caso Lava Jato parecía que terminaría en el archivamiento, hasta que el martes 4 de septiembre del 2017 el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, designó al fiscal José Domingo Pérez como responsable de la investigación.

El titular de la Segunda Fiscalía Corporativa de Lavado de Activos, José Domingo Pérez encontró un primer indicio clave cuando Marcelo Odebrecht confirmó a las autoridades peruanas, el 9 de noviembre del 2017, que la frase “Aumentar Keiko a 500”, se refería a una parte del monto que su empresa entregó a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011.

Tiempo después, el fiscal Pérez recibiría la confirmación de que en verdad se trató de un aporte de 1 millón de dólares, de acuerdo con el testimonio de Jorge Barata, exrepresentante de la constructora brasileña en Perú.

De esta manera se desmintió la declaración hecha por Fuerza Popular ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Así las cosas, el fiscal Pérez comprendió que necesitaba determinar la modalidad que usó la organización fujimorista para lavar dicho dinero.

Pérez detectó que una forma de encubrimiento del dinero de Odebrecht serían los falsos aportantes, ya que quienes aparecían como donantes en las listas que Fuerza 2011 había presentado ante la ONPE, estas manifestaban que no habían donado ni un centavo a la campaña de Keiko Fujimori.

Tras avanzar con las pesquisas, fue creciendo la sospecha de la existencia de una organización criminal, el fiscal Pérez dispuso el allanamiento del local principal y de otros del partido fujimorista, y del despacho de Keiko, en la calle Los Morochucos, en Surco.

Así, el 28 de diciembre del 2017, Pérez interrogó a Keiko Fujimori, quien negó haber recibido fondos de Odebrecht y mucho menos haber entablado reuniones con los ex directivos Marcelo Odebrecht y Jorge Barata para coordinar las donaciones a la campaña presidencial del 2011.

El 28 de febrero del 2018, Jorge Barata confirmó lo que había adelantado Marcelo Odebrecht y admitió la entrega de 1 millón de dólares en efectivo a Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Bedoya Cámere, íntimos de Keiko Fujimori. Otros 200 mil dolares fueron suministrados a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

Así, se logró establecer el presunto origen del financiamiento ilícito, y la modalidad de lavado de dinero, de la campaña presidencial fujimorista en 2011. En consecuencia, y en busca de más evidencias, Pérez dispuso el 6 de marzo de este año el allanamiento de las residencias de Yoshiyama y Bedoya, a quienes Barata entregó US$ 1 millón en efectivo.

El 24 de abril de este año, Pérez interrogó en Brasil a los exfuncionarios de Odebrecht, Luiz Mameri y Fernando Migliaccio, quienes confirmaron la entrega de dinero a Fuerza 2011. Mientras tanto, durante estos meses, el fiscal consiguió que varios testigos protegidos y colaboradores eficaces admitieron que simularon haber aportado a la campaña de Keiko Fujimori.

Con las significativas evidencias, el 10 de octubre el fiscal logró la detención preliminar de Keiko Fujimori y de 11 personas más por 10 días, entre ellas varios miembros de la cúpula del partido. Pero por decisión judicial, la medida fue revocada al sétimo día.

Por iniciativa propia, el congresista Rolando Reátegui Flores, involucrado en el reclutamiento de falsos aportantes en San Martín, se presentó ante el fiscal Pérez el 14 y 17 de octubre y lo confesó todo. Con el contundente testimonio incriminatorio de Reátegui, el 19 de octubre Pérez pidió detención preventiva por 36 meses para Keiko Fujimori.

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